Brexit en plena pandemia.

El Brexit ha pasado a un absoluto segundo plano ante la repercusión sanitaria, social y económica de la pandemia del Covid-19. La principal preocupación de la UE durante los últimos años ha quedado aparcada y resurgirá, dado el momento, con toda su virulencia. Las negociaciones se rompieron el 1 de febrero de 2020, y las negociaciones de la ruptura económica, que será el 1 de enero de 2021, van aún peor, y vistas las declaraciones del Boris Johnson, el brexit sin acuerdo o bajo mínimos es el escenario más probable a día de hoy. El pacto para evitar frontera física en Irlanda del Norte para una paz entre las comunidades irlandesas, tiene efectos económicos y el caos estaría garantizado, si no se cumple el Acuerdo de Relación Definitiva, pactado anteriormente.

No es posible alguna prórroga de última hora, porque debería haberse solicitado antes del 1 de Julio de 2020, y entre otras razones porque en enero de 2021 comienza un nuevo Marco Financiero Plurianual. Los tiempos aconsejan buscar un acuerdo urgente, aunque sea de mínimos, antes que ningún acuerdo. Incluso un acuerdo de mínimos (libre comercio sin aranceles, ni cuotas– que implicaría dos condiciones: firmar un acuerdo de pesca con acceso a sus caladeros y compromiso de mantener estándares laborales, medioambientales, fiscales y de ayudas de Estado similares a la UE, para evitar la competencia desleal, y – un acuerdo en algunos servicios– que implicaría asumir legislación comunitaria y la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europea, algo que produce urticaria a los tories; pero sería crítico a nivel aduanero en sectores como la industria, como la del automóvil, no sólo por los aranceles, sino por los trámites administrativos con terceros países). A esto hay que sumar que cualquier acuerdo necesita la votación de todos los parlamentos, un trámite que va contra el tiempo disponible. Todo lo que tenga que decidirse deberá hacerse antes de finales de octubre, y si apuramos para mediados de ese mes. A día de hoy los augurios del resultado negativo para Reino Unido no son buenos, aunque, siempre Johnson podría esconder los efectos preversos del Brexit con los del coronavirus, o su nefasta gestión sacando pecho y recurriendo al orgullo nacional, para defender un «brexit duro».

A partir del 1 de enero de 2021 las empresas británicas de servicios (transportes, ferrocarriles, líneas aéreas,..) perderían su licencia para prestar servicios en la Unión, y deberán obtener nuevas licencias para cumplir requisitos tanto británicos como europeos. Muchas empresas tienen actualmente capital mixto británico-comunitario, pero no podrán actuar intracomunitariamente, y a esto hay que sumarle los problemas laborales del personal sujeto a las enrevesadas reglas migratorias. Lo que no va a hacer la Comisión Europea, en ningún caso, son excepciones en las reglas del mercado único, para no incentivar otros «brexit» haciendo ver que un país tercero pueda tener privilegios que no tienen otros. Además el cumplimiento efectivo de la legislación europea es un requisito exigible ante el Tribunal de Justicia de la UE para cualquiera, incluidas las empresas competidoras. El mercado único no se puede trocear, ni para los servicios, incluidos los servicios financieros. La Comisión como máximo podría aprobar un plan de contingencia, para evitar el caos inicial, con medidas sacadas del plan que se contemplaba en su momento cuando no se preveía ningún acuerdo. Por parte británica tampoco están avanzando nada, que no sea restablecer los controles aduaneros. Y, aunque no le guste, debe restablecerlos en el mar de Irlanda para evitar el flujo ilegal de mercancías británicas y de terceros vía Irlanda del Norte (sin frontera física con la UE), que es una frontera muy sensible socialmente para los unionistas. Ahora nos preocupa el COVID, éste tendrá vacuna, pero no tendrán ninguna para la reacción de Escocia y sus implicaciones políticas soberanistas durante muchos años próximos.

El discurso conservador del brexit se basa en que Reino Unido recupere el control de su dinero, sus fronteras y las leyes, es decir quieren «lo mejor de ambos mundos» en el acuerdo de ruptura, con las ventajas del mercado único, y sin sus obligaciones. Pero la UE recuerda que para un acuerdo comercial se deben seguir las reglas de Bruselas. Por otro lado también pretenden dar ayudas a las empresas, que es una competencia desleal según la UE, y para dar acceso a nuestro mercado se debe asegurar que quienes tengan acceso preferencial, no están subvencionando sus exportaciones; lo cual también va contra las leyes de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por lo pronto el asesor legal Jonathan Jones, ha dimitido por las discrepancias con el primer ministro que pretende alterar unilateralmente a última hora temas ya acordados (como los referidos a subsidios estatales, las aduanas con Irlanda del Norte,…), y Jonathan Jones es el sexto alto funcionario que dimite en un año. Michel Barnier, el negociador de la UE para la relación post-Brexit, ha dicho que cancelar partes de lo ya acordado sería inaceptable para Bruselas; y ha recordado que el divorcio entre el Reino Unido y la UE fue una decisión de los británicos que el bloque comunitario «respeta pero lamenta», y que ahora requiere centrarse en qué relación se establece entre ambos para el futuro. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha declarado que confía en que el Gobierno británico implemente el acuerdo de salida, una obligación bajo la ley internacional y un requisito previo para cualquier asociación futura.

 

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