Cada vez es más frecuente encontrar discursos que apelan a los sentimientos y que rallan el odio, contra quien no es de una «tribu» concreta. Determinadas expresiones están en el límite entre la agresión y la libertad de expresión. Aunque necesariamente no sean delito, si pueden ser reprobables éticamente. Esas prácticas, aunque son ya muy viejas con lamentables recuerdos históricos, se siguen utilizando, porque, tristemente, siguen dando réditos. Este discurso, entre otros objetivos, en política persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida pública, a falta de argumentos convincentes para ganar en las urnas, buscando la eliminación física en este ámbito, de quienes no compartan el ideario de los intolerantes. Esto sucede cuando la rivalidad grupal va un paso más allá. El discurso de odio (hate speech, en inglés) es la acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar un dogma, cargado de connotaciones discriminatorias, que atenta contra la dignidad de un grupo o de individuos. No es jurídicamente indiferente manifestar la protesta o el sentimiento crítico utilizando medios o instrumentos inocuos para la seguridad y dignidad de las personas, que hacerlo incitando a la violencia o al menosprecio, o sirviéndose del lenguaje del odio. La Constitución española en el título primero, sobre los derechos y deberes fundamentales, en su artículo 20, garantiza: «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», estableciendo como límites: «estas libertades tienen su límite…, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia».
Aunque exista libertad de expresión y una persona pueda decir lo que quiera aunque resulte molesto, eso puede implicar o no, que lo que diga vaya a tener consecuencias, y esa persona, por haber dicho algo posiblemente repugnante o que genere animadversión, vaya a sufrir o no consecuencias como, por ejemplo, perder su trabajo, ser expulsado de una universidad o ser objeto de otro tipo de represalias. Calumniar, injuriar y ultrajar a una persona o a un país no es una expresión de libertad, sino de opresión, dado que la libertad no es hacer mi capricho, sino que nadie me pueda someter al suyo. Las «libertades» de comprar armas, conducir borracho o calumniar a otros no son libertades; la libertad consiste en vivir libre de las interferencias arbitrarias de otros. Convalidar una forma de violencia al amparo de la libertad de expresión, no es correcto. La violencia verbal, es violencia; la palabra es un arma; las palabras también hieren, marginan, destruyen las reputaciones, arruinan las Seguir leyendo
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